El escándalo de Rocha
Una puñalada trapera que amenaza a la
4T en Sinaloa
Rodolfo Herrera Charolet
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados
Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos
con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa representan un golpe
demoledor a la narrativa del actual régimen.
No se trata de un incidente aislado ni soslayable, sino de la
confirmación de un patrón de corrupción e impunidad que ha permeado las
estructuras de poder del gobierno en turno en entidades clave. Mientras Rocha
niega los cargos y los califica de ataque político, la realidad es que el
gobierno federal enfrenta una crisis de credibilidad que pone en evidencia las
fallas estructurales del gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador que
prometió combatir al narco y terminó señalado por protegerlo con “Abrazos No Balazos”.
Las implicaciones políticas rumbo al proceso electoral de
2027 son demoledoras. Con Morena buscando consolidar su dominio en el Congreso
y en las gubernaturas, este escándalo erosiona la base de legitimidad del
movimiento. La solicitud de extradición de Rocha y otros nueve funcionarios,
entre ellos un senador de la bancada morenista, obliga al partido a tomar
decisiones incómodas: defender a un acusado o sacrificarlo públicamente.
Cualquiera de las opciones genera fracturas internas y debilita al gobierno que
encabeza Claudia Sheinbaum, aún cuando en los hechos se encuentra en proceso de
limpieza de dichas estructuras heredadas.
La Presidencia de la República ya enfrenta presión para
exigir pruebas concretas de Washington. En un contexto donde la oposición se
reorganiza, para obtener provecho del escándalo, aun cuando no se dice, ellos
mismos se encuentran inmersos en el problema, en virtud de que los ahora
acusados fueron cuadros prominentes de los ahora detractores.
En este contexto, como resultado inmediato, Morena arriesga
perder terreno en estados estratégicos como Sinaloa, donde el control del narco
siempre ha definido el poder real.
Los efectos en el electorado y en el partido en el poder son
igualmente alarmantes. Los sinaloenses que apostaron por la 4T en 2024 ahora
cuestionan si su apoyo sirvió para blindar a funcionarios corruptos. La
desilusión se traduce en abstencionismo o migración hacia opciones opositoras,
especialmente en regiones donde la violencia y el narco son temas cotidianos.
Para el partido en el poder, el golpe es doble: pierde
capital político ante sus propias bases y se expone a una narrativa de
“narcoestado” que la oposición explotará sin piedad en las urnas. El partido,
que nació como alternativa moral, se ve ahora obligado a defender lo indefendible.
Antes del escándalo reciente del 29 de abril de 2026, ya
circulaban en la prensa acusaciones ventiladas contra Rubén Rocha. En 2025 se
reportaron cambios en su gabinete por casos de corrupción y desapariciones
forzadas, y se cuestionó públicamente su cercanía con grupos de poder local
vinculados al crimen organizado.
Publicaciones nacionales destacaron irregularidades en
contratos y nombramientos que sugerían una administración permeable a
influencias externas, aunque en su momento fueron minimizadas como ataques rapaces
de la oposición.
El senador Gerardo Fernández Noroña, en su estilo habitual de
oportunismo político, salió en defensa de Rocha con declaraciones cargadas de
confrontación y hasta presunta complicidad. “Rechazo categóricamente sus
insidias contra el gobernador Rocha Moya”, afirmó, y remató con la frase: “Si
estuviéramos vinculados al narco no se atreverían a decírnoslo”. Sus palabras,
más que una defensa jurídica, parecen un intento de capitalizar el escándalo
para posicionarse como el guardián de la 4T, aunque revelan una ceguera
voluntaria ante evidencias que provienen de un gran jurado estadounidense.
Los antecedentes del Partido Sinaloense (PAS) ilustran el
contexto local en el que opera la política sinaloense. Fundado en 2012 por el
empresario Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán, el PAS surgió como una fuerza
local de centro-izquierda con el objetivo de representar intereses regionales
al margen de los partidos nacionales. En las elecciones de 2013 se consolidó
como tercera fuerza política en el estado, obteniendo regidurías y
diputaciones. Aunque no directamente vinculado a Rocha, su existencia refleja
la fragmentación partidista en Sinaloa, donde fuerzas locales han competido
históricamente con el PRI, PAN y ahora Morena en un entorno marcado por el
poder del crimen organizado.
En conclusión, el caso Rubén Rocha no es solo un problema de
un gobernador; es el síntoma de un sistema político que permitió que el narco
se infiltrara en las más altas esferas del poder. Morena tiene la oportunidad
de actuar con transparencia y distancia, pero hasta ahora solo ofrece
negaciones y contraataques.
En mi opinión se requiere inteligencia para evadir parte de
la responsabilidad, atendiendo al origen partidista del involucrado y la
apertura democrática a la que se expuso el nuevo partido. De no corregir el rumbo,
el costo electoral de 2027 podría ser irreversible. La ciudadanía merece
respuestas, no más defensas ciegas ni merolicos en el Senado.
¿O no lo cree usted?